
La Asociación de Vecinos Compromiso Vecinal pide hoy al Ayuntamiento de La Oliva un paso concreto e inmediato ante la emergencia habitacional que atraviesa el municipio: iniciar el procedimiento para solicitar al Gobierno de Canarias la declaración de La Oliva como zona de mercado residencial tensionado.
«No podemos seguir promocionando un paraíso turístico mientras sus propios vecinos no pueden permitirse vivir en él».
La vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas sociales del municipio. Ya no puede tratarse como una cuestión secundaria, a la sombra de la promoción turística. Lo advertimos en marzo, a propósito de las caravanas que se han convertido en la vivienda de muchos trabajadores, y la situación no ha hecho más que agravarse.
Qué pedimos, exactamente
La normativa canaria establece que el procedimiento lo inicia el ayuntamiento interesado, acompañándolo de un análisis del mercado residencial (evolución de los precios, niveles de renta, esfuerzo económico de los hogares), de una memoria justificativa y de un plan específico de medidas. La declaración corresponde, en último término, al Gobierno de Canarias.
Nuestra petición es modesta en la forma y exigente en el fondo: que el Ayuntamiento haga ese estudio y determine, con datos objetivos, si La Oliva cumple los requisitos legales. Puede que el resultado confirme lo que vemos cada día; puede que lo matice. Lo que no resulta aceptable es no estudiar siquiera la posibilidad.
La vivienda ya no es un problema: es una emergencia
Los datos actuales dibujan una realidad difícil de ignorar.
- Según los datos de mercado de junio de 2026, el precio anunciado del alquiler en Corralejo alcanza los 21,2 €/m²; la media del municipio se sitúa en 19,5 €/m².
- En compraventa, Corralejo alcanza los 3.553 €/m².
- La presión no se limita a Corralejo: en Lajares el precio de venta llega a 3.655 €/m², y en El Cotillo a 4.010 €/m², el máximo histórico registrado por este indicador.
Estas cifras hay que leerlas junto a los salarios y al mercado laboral de un municipio donde buena parte de la actividad económica depende del turismo y de servicios cuyos sueldos difícilmente pueden seguir el ritmo de los precios inmobiliarios. ¿Qué familia trabajadora puede competir con un mercado inmobiliario internacional cuando sus ingresos proceden de salarios locales? Esa es la pregunta que el Ayuntamiento debe responder.
Corralejo: vivir donde trabajas se está convirtiendo en un privilegio
Corralejo es el principal núcleo de población y de actividad económica del municipio, y también donde crecen más niños: un diagnóstico municipal sitúa aquí al 60,7 % de los menores de La Oliva, 2.829 en total. Y sin embargo, cada vez es más difícil que una familia joven pueda acceder a una vivienda en el mismo pueblo donde trabaja.
El problema no afecta solo a quien quiere comprar. Afecta a la trabajadora del hotel, al camarero, a la dependienta, al profesional autónomo, al empleado municipal, al joven que quiere independizarse y a las familias que llevan generaciones viviendo en Corralejo. Un pueblo no puede funcionar si quienes trabajan en él no pueden vivir en él. Y cuando los vecinos se ven empujados hacia otros núcleos, o fuera del municipio, ya no hablamos solo de vivienda: hablamos de desarraigo y de pérdida de identidad.
Lajares: de pueblo majorero a mercado inaccesible
Lajares merece una atención especial. Su crecimiento ha venido acompañado de una transformación profunda de su realidad social y económica: el atractivo turístico y residencial del pueblo hace cada vez más difícil el acceso a la vivienda para quienes quieren mantener allí su residencia habitual. Con un precio de venta de 3.655 €/m², Lajares está muy lejos de ser un mercado accesible para buena parte de los trabajadores locales.
El Ayuntamiento debe preguntarse qué modelo de pueblo quiere para Lajares: un pueblo vivo, habitado por sus vecinos, o un producto inmobiliario y turístico cada vez más alejado de quienes construyeron su identidad.
El Cotillo: cuando el éxito turístico amenaza al propio pueblo
El Cotillo es otro ejemplo de esta transformación. El precio de venta alcanzó en junio de 2026 los 4.010 €/m², un 7,6 % más que un año antes y el máximo histórico según los datos disponibles. El alquiler resulta igual de revelador: la oferta incluye numerosos contratos de temporada y viviendas que superan con facilidad los 1.000 euros mensuales, en un mercado residencial muy limitado.
No podemos permitir que El Cotillo se convierta en un lugar maravilloso para pasar una semana e imposible para vivir todo el año.
El turismo debe ser compatible con la vida
Compromiso Vecinal no se opone al turismo. Plantea algo mucho más sencillo: que el turismo sea compatible con la vida de quienes lo hacen posible.
Durante años, el municipio ha desarrollado una estrategia centrada en atraer visitantes, promocionar playas, vender naturaleza y aumentar la actividad turística. ¿Quién protege ahora a las personas que hacen funcionar ese sistema? Existe una contradicción cada vez mayor entre el discurso institucional sobre «identidad», «paisajes vivos» y «autenticidad», y una realidad en la que precisamente quienes sostienen esa identidad tienen cada vez más difícil permanecer en sus pueblos. No hay identidad sin población local.
Una herramienta, no una varita mágica
Conviene decirlo con claridad: la declaración de zona de mercado residencial tensionado no resolverá por sí sola el problema de la vivienda. Pero es una herramienta legal que permite articular medidas específicas allí donde existe un riesgo especial de oferta insuficiente de vivienda asequible.
La Ley 12/2023, por el derecho a la vivienda, contempla esa situación cuando el esfuerzo de los hogares para pagar la vivienda y sus suministros supera el 30 % de sus ingresos, o cuando los precios de compra o de alquiler han crecido en los cinco años anteriores al menos tres puntos por encima del IPC de la comunidad autónoma.
Por eso pedimos al Ayuntamiento algo muy concreto: que haga los deberes.
- Que recopile los datos.
- Que estudie el esfuerzo económico de las familias.
- Que analice la evolución de los precios.
- Que mida el impacto del alquiler turístico y de temporada.
- Que determine la disponibilidad real de vivienda residencial.
- Y que, con todos esos datos sobre la mesa, solicite la declaración si se cumplen los requisitos legales.
La vivienda, de nuevo en el centro de la política municipal
Reclamamos además que el procedimiento vaya acompañado de un verdadero Plan Municipal de Vivienda, que incluya:
- El incremento del parque público y protegido de vivienda.
- La protección efectiva de la vivienda residencial frente a la turistificación.
- El control y la regulación de las viviendas de uso turístico dentro de las competencias municipales.
- Incentivos para recuperar viviendas destinadas al alquiler residencial estable.
- Medidas específicas para jóvenes y familias residentes.
- La reserva y puesta en marcha efectiva de suelo destinado a vivienda protegida.
- Un estudio específico de la situación de Corralejo, Lajares y El Cotillo.
- La participación de las asociaciones vecinales y los colectivos sociales en la planificación.
La propia normativa canaria exige que una eventual declaración vaya acompañada de un plan específico con medidas y calendario de actuación, con una vigencia inicial de tres años.
Un pueblo no es una postal
En última instancia, la crisis de la vivienda es una cuestión de identidad. Un pueblo no son solo sus playas, ni sus dunas, ni sus restaurantes, ni sus hoteles, ni sus viviendas vacacionales. Un pueblo son las personas que lo habitan: las familias que llevan generaciones aquí, los jóvenes que quieren quedarse, quienes trabajan cada día para que el municipio funcione y los niños que deberían poder crecer en el mismo lugar donde crecieron sus padres.
Si esas personas no pueden permitirse vivir aquí, la pérdida de identidad no será una amenaza futura: será una realidad presente.
Por todo ello, Compromiso Vecinal pide al Ayuntamiento de La Oliva que deje de mirar hacia otro lado e inicie de inmediato los trámites para declarar el municipio zona de mercado residencial tensionado. Porque La Oliva no puede seguir siendo un paraíso para visitar mientras deja de ser un lugar donde vivir.
Primero la gente. Primero nuestros pueblos. Primero el derecho a vivir en nuestra tierra.
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